El Instituto de Investigación del Patrimonio Cultural, cuyo quehacer es la investigación, difusión, conservación y gestión del acervo patrimonial nacional —tanto material como inmaterial— en sus múltiples expresiones, concierta esfuerzos a través de distintos canales de acción y comunicación, para la consolidación, salvaguarda y tutela del patrimonio, con la finalidad agregada de incentivar la formación de valores culturales y el cambio de actitud de la sociedad, que conduzca hacia un compromiso con la herencia e identidad cultural del Perú.

Entre las dificultades más notorias en relación a la aprehensión del patrimonio y su valor social, se halla el hecho que una considerable porción de los habitantes del país carece de un consistente conocimiento de la propia cultura y la importancia de su permanencia histórica. Esta situación pasa por una escasa o ninguna educación nivel escolar sobre el valor y la significación del patrimonio, así como una superficial atención al tema en la formación universitaria (a excepción de las carreras y posgrados vinculados). Esta situación produce una carencia generalizada de identificación con el propio pasado histórico, al que perciben como un estorbo costoso de mantener y sin mayor utilidad.

El acelerado proceso de desarrollo nacional en la última década, basado en la extracción de recursos primarios, muchas veces a través de la informalidad, ha precipitado los procesos de urbanización. Una considerable proporción de pobladores, en particular los de extracción rural, consideran un logro personal poder vivir en una ciudad. Existe un frenesí por la apropiación ilícita del suelo edificable, frente a los menguados intentos oficiales de frenar una rampante avidez.  Está demostrado que este afán no proviene de los pobres y desposeídos, sino de los especuladores, agremiados en dudosas asociaciones y de algunas inescrupulosas inmobiliarias.

Como consecuencia, la destrucción de sitios arqueológicos es una constante que parece no tener posibilidades de ser detenida.  Esta situación ha generado que los traficantes de terrenos invadan con facilidad los sitios arqueológicos, destruyendo todo a su paso.  Si bien existe una legislación precisa, la falta de coherencia y seriedad en la aplicación de la misma, ha visto truncados no solamente los esfuerzos de las autoridades por detener las invasiones de tierras o el maltrato de los bienes patrimoniales inmuebles y muebles, sino que las penas aplicadas a los infractores, son una verdadera burla al sistema.

El escaso interés de la población actual en el patrimonio cultural, se ha centrado reiteradamente en el antiguo Perú, porque ha sido considerado a nivel político y educativo como genuino y legítimo. La arquitectura y las múltiples manifestaciones de arte situadas entre los siglos XVI al XVIII, han sido asumidas como expresiones vinculadas a la conquista del territorio nacional por foráneos. Es una interpretación etnocentrista, alimentada muchas veces por nacionalismos trasnochados. Por otro lado, en el mundo académico e intelectual, hasta hace pocos lustros se consideraba que eran manifestaciones trasplantadas desde España, carentes de la calidad de aquellas y sin aportes propios.

A pesar que estudios desarrollados en las últimas tres décadas, han demostrado el valioso y complejo entrelazamiento cultural de formas y tecnologías, dicho conocimiento ha quedado enclaustrado en el mundo de los investigadores especializados. La mayor parte de la población, siente que culturalmente no le pertenece, debido a que es de matriz foránea, idealizando sin mayor sustento todo lo anterior a la llegada de los europeos en 1532.  Como corolario, esta arquitectura no se considera como generadora de recursos económicos, y además es costosa y compleja de mantener en buen estado. Por lo tanto, o se abandona por completo hasta su colapso y destrucción o, si es posible y existe una fisura legal, es demolida para dar paso a obras nuevas, aplicando el siempre válido mito del progreso. Las restantes manifestaciones de arte no suelen comprenderse a nivel conceptual y de significación, porque son asumidas como obras dispendiosas asociadas a grupos sociales adinerados.

Las expresiones arquitectónicas del siglo XIX y primera mitad del XX, que abarcan desde las manifestaciones conocidas como “republicanas”, hasta los movimientos historicistas y eclécticos que abarcaron los movimientos neo (neogótico, neorrenacentista, neocolonial y otros), solamente cuentan con la tutela de declaración de patrimonio en contados casos, siendo las más expuestos a desparecer dentro de los proyectos de renovación de las ciudades, centros poblados y aun en propiedades rurales.

La arquitectura rural se encuentra en estado casi de total olvido.  En conjunto esta situación es de mayor complejidad, que la vinculada al restante patrimonio material inmueble. En 1969, el gobierno del general Juan Velasco Alvarado promulgó la Ley de Reforma Agraria. Esta eliminó tanto el latifundio, como el minifundio, estableciendo empresas de producción de carácter asociativo.  Las haciendas pasaron a ser Cooperativas Agrarias de Producción (CAP). Frente al poco éxito de su gestión —debido en gran medida a la inadecuada administración de los dirigentes de las cooperativas, tanto por la falta de conocimientos, como por la crisis del agro de 1981— los agricultores optaron por organizar las cooperativas en parcelas individuales. Las CAPs se transformaron en Cooperativas Agrarias de Trabajadores y luego en Cooperativas Agrarias de Usuarios (CAU), donde cada parcela era manejada individualmente, si bien la cooperativa mantenía el control de algunos inmuebles y ciertas actividades difíciles de dividir y realizar aisladamente. En la actualidad casi todas están desmembradas y sus tierras parceladas individualmente. Las viviendas principales, la arquitectura asociada a la producción y otras edificaciones concomitantes, en algunos casos han sido abandonadas a su suerte. Con más frecuencia, han sido invadidas y transformadas en viviendas habitadas por numerosas familias, generando destrucciones parciales y hacinamiento, que imposibilitan propuestas concretas de conservación, mientras que su tutela y gestión resultan al presente de difícil aproximación.

De los 5,195 sitios arqueológicos y edificaciones con valor monumental, registrados por el Ministerio de Cultura hasta abril de 2014 ―de un total que la misma institución afirma deben llegar a los 100,000― menos del 1% corresponde a inmuebles rurales.  El desamparo es total, siendo dejados a su suerte en el mejor de los casos, demolidos para ampliar la frontera agrícola o para el desarrollo inmobiliario.

Para el caso de las expresiones del patrimonio cultural inmaterial, el Ministerio de Cultura ha propuesto al amparo de la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, un sistema participativo para la implementación de un inventario de estas expresiones. Forman parte del mismo, las creaciones de una colectividad cultural instituida en las tradiciones expresadas por individuos de manera unitaria o grupal, que responden a las expectativas de la comunidad como expresión de identidad cultural.

Al presente, la dificultad radica en los límites y alcances del concepto mismo de patrimonio inmaterial, que requiere de indicadores culturalmente definidos y su vinculación con los procesos históricos, para prevenir la patrimonialización indiscriminada. También es imprescindible la construcción de mecanismos, que permitan identificar tales expresiones dentro de su propia sociedad, ya que éstas tienen un dinamismo y movilidad muy distintos a la evolución cultural del patrimonio material.  Son parte de la memoria colectiva y se articulan en la construcción de la propia identidad, debiéndose dejar de lado avideces políticas, que alejan las manifestaciones inmateriales de su verdadera finalidad como cohesionadores sociales.

La actual situación del patrimonio nacional requiere de soluciones urgentes y creativas. La educación de los habitantes en torno al patrimonio y su necesidad de conservarlo y gestionarlo, debe ser una prioridad. Sin duda esta requerirá de un perseverante trabajo a mediano y largo plazo, que implique una continuidad de objetivos con miras a la consolidación de la tutela y gestión del patrimonio cultural, situación poco frecuente en los gobiernos de turno en el país.

La participación de los pobladores en la gestión del patrimonio es fundamental, si bien es el Estado el llamado a crear una articulación consistente y por encima de todo consensuada, a nivel político, económico y social, a partir de una amplia base concertada, lo que desafortunadamente no ha sucedido. Sin los instrumentos legales y jurídicos adecuados, el patrimonio nacional seguirá de manera acelerada hacia su irrecuperable destrucción.

La publicación virtual que entregamos en la fecha a la comunidad, tiene por finalidad difundir un conjunto de 45 trabajos de investigación, sobre temas concretos vinculados con el patrimonio material e inmaterial del Perú. Se trata de una compilación de textos que comprende artículos de divulgación inéditos, así como otros publicados en soportes de difícil acceso y que su difusión es de significación dentro de los fines y metas propuestos por el instituto.

Con la finalidad de organizar este extenso contenido, hemos propuesto cuatro grandes temas, los cuales son: rutas culturales, patrimonio material, patrimonio inmaterial y por último, gestión del patrimonio.

El primero de los temas contiene ocho textos que desarrollan dos grandes aspectos fundamentales vinculados con las rutas culturales. El primero es la conceptualización del término, su caracterización y las implicancias sociales y económicas asociadas. Desde el año 1994, el Comité Científico de Itinerarios Culturales del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS), ha venido debatiendo las implicancias de la definición, así como sus fronteras y alcances. Estos fueron posteriormente retomados por el Consejo de Europa en el 2002 y ratificados en la ciudad de Quebec en el 2008, a través de la Carta de Itinerarios Culturales. El segundo aspecto, es el desarrollo de propuestas de itinerarios culturales concretos, que ponen de manifiesto el desbordante acervo cultural existente y en general poco conocido por el poblador promedio. Un tema puntual de significación particular, es aquel que desarrolla las posibilidades de recuperación y puesta en valor de la arquitectura rural agroindustrial viñatera en el Perú y su incorporación en una ruta cultural, perspectiva que requiere mayor atención de las autoridades regionales, ya que el dinámico desarrollo del pisco, como bebida espirituosa de bandera, ha venido impulsando la economía de producción, la misma que puede verse ampliamente enriquecida con el turismo temático y vivencial.

La segunda sección presenta veintidós artículos, vinculados con el patrimonio material.  Entre éstos es importante señalar la diversidad de aproximaciones teóricas y enfoques analíticos propuestos. Temáticamente destacan el urbanismo, funcionamiento y significación de determinados espacios públicos, el análisis histórico y arquitectónico de inmuebles específicos y su inserción dentro del tejido social y económico original, el estudio de elementos arquitectónicos puntuales, así como la reflexión teórica en torno a los debates en torno a momentos determinados de la historia de la arquitectura nacional. Cronológicamente, los artículos abarcan desde las expresiones del antiguo Perú, a partir de los 200 años d.C. hasta los movimientos modernistas de mediados del siglo pasado.

La tercera parte contiene diez temas pertenecientes al patrimonio inmaterial, con un claro énfasis en la fiesta religiosa, como elemento cohesionador de la sociedad, con sus exuberantes expresiones de música, danza, arte popular, andas procesionales y la gastronomía propia y especial de las ocasiones festivas.  Algunos artículos desarrollan la gastronomía regional, tanto urbana como rural, con sus ricos matices de texturas, colores y sabores.

La cuarta y última sección desarrolla propuestas concretas en torno a la gestión del patrimonio. Los cinco artículos proponen aproximaciones muy diversas al tema general, abarcando desde las consideraciones jurídicas y legales, pasando por el uso de las nuevas tecnologías que apoyan la conservación y tutela de los bienes arquitectónicos con valor patrimonial, hasta llegar a las innovaciones en la conservación y restauración con tierra en sitios concretos.

Se trata de esfuerzos individuales notables y es por ello que deseo agradecer profundamente a los autores, quienes desinteresadamente han confiado en nosotros para difundir sus investigaciones y aportes al conocimiento, conservación, tutela y gestión del patrimonio. Todo trabajo exitoso se apoya en un equipo de personas, las que por afinidad e intereses comunes se proponen trabajar para el bien común.

Por último, deseo referirme a las dos personas que han sido puntales por su paciencia, dedicación y perseverancia en este proyecto, que ha venido desarrollándose en los últimos tres años. Se trata del arquitecto Samuel Amorós Castañeda, Director Académico del instituto y de la arquitecta María del Carmen Fuentes Huerta, Directora de Desarrollo del mismo, quienes se han comprometido desde el primer día y quienes con una notable constancia y tenacidad a través de los meses, han brindado lo mejor de sí mismos, aun en días y horas que debieron ser de descanso, para que esta publicación virtual pueda ser una realidad y para que el instituto alcance el reconocimiento que merece, en su labor a favor de nuestro invaluable patrimonio cultural.

Sandra Negro Tua
Directora Ejecutiva